El principio de regularización íntegra también debe ser aplicado en procedimientos de gestión, como en las comprobaciones limitadas. La jurisprudencia establece que cuando Hacienda realiza una inspección tributaria que finaliza con una liquidación, debe regularizar tanto los aspectos que perjudican al contribuyente como los que le favorecen. Esto evita la doble imposición sobre los afectados y un enriquecimiento injusto a favor de Hacienda. Esta regla se conoce como principio de «regularización íntegra» [TS 17-10-2019 y 13-11-2019].
Además, es importante destacar que no es válido que Hacienda reconozca esta regularización completa pero exija al contribuyente que inicie un nuevo procedimiento, como por ejemplo, una rectificación de autoliquidación. Hacienda tiene la obligación de resolver en el mismo procedimiento, es decir, en «unidad de acto», tanto las situaciones que perjudican como las que benefician al contribuyente.
Es importante señalar que, hasta ahora, los pronunciamientos judiciales relacionados con el principio de regularización íntegra se limitaban a los procedimientos de inspección, ya fueran de alcance general o parcial. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido que este principio no se aplica únicamente en dichos procedimientos, sino también en los procedimientos de gestión tributaria, que incluyen la comprobación limitada y la verificación de datos [TS 28-02-2023].
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